Publicado: 18 ene 2017 14:58 GMT
Un informe de AI revela cómo las nuevas medidas para luchar contra la amenaza terrorista violan la privacidad, restringen la libertad de expresión y discriminan a las minorías.
Manifestación en España contra la Ley Mordaza / 1 de julio de 2015Juan MedinaReuters
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Las nuevas leyes y reformas para hacer frente a la amenaza terrorista en Europa están minando libertades fundamentales y han provocado que la población esté sometida a una vigilancia sin control por parte de las autoridades, que afecta especialmente a los extranjeros y las minorías religiosas.
Esta es la principal conclusión del informe 'Peligrosamente desproporcionado: La expansión continua del estado de seguridad nacional en Europa', publicado por Amnistía Internacional, basado en una investigación de más de dos años de las medidas antiterroristas que se han adoptado en 14 Estados miembros de la Unión Europea (UE).
"Tras una serie de atroces atentados, desde París hasta Berlín, los gobiernos se han apresurado a promulgar toda una serie de leyes desproporcionadas y discriminatorias", ha asegurado John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa.
Homenaje a las víctimas del atentado de Berlín / 22 de diciembre de 2016Fabrizio BenschReuters
Así, según denuncia AI, en varios países se han propuesto o adoptado medidas antiterroristas que han erosionado el Estado de derecho, aumentando el poder de los ejecutivos, eliminando los controles judiciales, restringiendo la libertad de expresión y exponiendo a toda la población a una vigilancia gubernamental sin control. "El impacto ha sido especialmente profundo para las personas extranjeras y las minorías étnicas y religiosas", añade el informe.
Leyes y medidas de excepción
Entre las medidas analizadas destacan las reformas constitucionales o nuevas legislaciones que facilitan declarar el estado de excepción u otorgar poderes especiales a los servicios de seguridad e Inteligencia, incluso sin supervisión judicial. Este es el caso, por ejemplo, de Hungría, donde la nueva legislación permite, en caso de declaración del estado de emergencia, la prohibición de reuniones públicas, la congelación de bienes e incluso la posibilidad de desplegar al Ejército con armas de munición real para sofocar disturbios.
Por su parte, en Francia se ha renovado hasta cinco veces el estado de excepción, con lo que se ha normalizado una serie de medidas 'intrusivas' como, por ejemplo, el poder para prohibir manifestaciones y llevar a cabo registros sin orden judicial. Un claro ejemplo, según Amnistía, es el uso de las leyes de excepción por parte de la policía francesa para poner bajo arresto domiciliario a activistas medioambientales en vísperas de la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático, celebrada en 2015.
Activistas durante la Cumbre del Cambio Climático / 12 de diciembre de 2015Mal LangsdonReuters
Para Alfonso Merlos, periodista y profesor en terrorismo internacional, estas leyes o medidas de excepción se adoptan "en base a un información, que en ocasiones es información secreta" y "van encaminadas a protegernos más y mejor durante un tiempo limitado". "Si hay sucesivas ampliaciones o prorrogas es porque la amenaza así lo requiere. Que hay unas libertades que se minan, no diría que se laminan pero sí que se minan, es verdad. Pero yo creo que tenemos que estar dispuestos también a hacer algunos sacrificios", explica.
Vigilancia masiva
Por otro lado, el informe destaca que otra de las consecuencias de las medidas antiterroristas ha sido la vigilancia "indiscriminada" e "intrusiva" por parte de los servicios de seguridad e inteligencia. Así, la ONG indica que se han concedido o ampliado poderes de vigilancia masiva en Reino Unido, Francia, Alemania, Polonia, Hungría, Austria, Bélgica y Países Bajos, entre otros, y al hacerlo "se ha permitido la interceptación masiva y el posible acceso a los datos, comunicaciones y dispositivos de millones de personas, en algunos casos sin supervisión judicial".
El informe pone como ejemplo el caso de David Miranda, ciudadano brasileño y pareja de Glenn Greenwald, el periodista de 'The Guardian' que informó sobre las revelaciones de Edward Snowden sobre las vigilancias masivas y violaciones de privacidad puestas en marcha por EE.UU. "Miranda fue interceptado por la policía cuando estaba en tránsito por Reino Unido en 2013, fue detenido, registrado e interrogado durante nueve horas como sospechoso de estar implicado en 'espionaje' y 'terrorismo'. Le confiscaron el teléfono móvil, el ordenador portátil, un disco duro externo y otros materiales”, explica el informe.
Limitación del derecho a la libertad de expresión
La libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales que está siendo víctima de las nuevas medidas antiterroristas. El informe, por ejemplo, cita el caso concreto de los dos titiriteros que fueron detenidos en y acusados de "enaltecimiento del terrorismo" en España tras una actuación satírica en la que una marioneta sostenía una pancarta con un lema que se consideró de apoyo a un grupo armado.
Activista durante una manifestación en España contra la Ley Mordaza / 30 de junio de 2015Sergio PerezReuters
También en Francia se ha utilizado el delito de "apología del terrorismo" para acusar a cientos de personas, incluidos menores de edad, de "delitos" tales como publicar en Facebook comentarios que no incitaban a la violencia. Solo en 2015, los tribunales franceses dictaron 385 condenas por este tipo de delito, un tercio de ellas contra menores de edad.
"Este estado permanente de emergencia en el que estamos en los últimos años lo que está haciendo es convertir en excepcionalidad casos que no son tan excepcionales. Ahora mismo se diluye que es terrorismo, no sabemos lo que es", denuncia Alba Villanueva, portavoz de la plataforma No Somos Delito en referencia a los casos de acusaciones abiertos contra tuiteros bajo este tipo de acusación. "Nos da miedo la inseguridad jurídica a la que se enfrenta la ciudadanía al tener tan diluido y tan amplio ese término de terrorismo", añade.
Ataques a personas refugiadas y grupos minoritarios
El informe también destaca la utilización de las medidas antiterroristas contra las personas migrantes y refugiados. Así, muchos Estados miembros de la UE están intentando establecer vínculos entre la crisis de refugiados y la amenaza del terrorismo. La ONG pone de ejemplo el caso de Ahmed H., ciudadano sirio residente en Chipre, condenado el pasado mes de noviembre a diez años de prisión por cometer un "acto de terrorismo".
Dicho acto consistió en arrojar piedras y hablar por un megáfono a una multitud durante unos enfrentamientos con la policía de fronteras. Aunque admitió haber arrojado piedras, según Amnistía Internacional, hay grabaciones de vídeo que muestran que también había intentando calmar a la multitud.
"Los gobiernos de la UE están utilizando las medidas antiterroristas para consolidar poderes draconianos, atacar a grupos de forma discriminatoria y privar de derechos humanos con el pretexto de defenderlos. Corremos el peligro de crear sociedades en las que la libertad se convierta en la excepción y el miedo en la norma", concluye Dalhuisen.
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